El siguiente artículo ha sido tomado de INFOCOP.
Hoy, 1 de octubre, se conmemora el día europeo contra la depresión. Este año, la Asociación Europea sobre la Depresión (European Depression Association, EDA) ha centrado su campaña en “la depresión en el trabajo”.
La depresión constituye el problema de salud mental más prevalente en la población activa: se calcula que el 11% de los ciudadanos europeos ha sufrido problemas de depresión a lo largo de su vida.
Inmersos en esta situación de crisis económica, la prevalencia del
estrés laboral, los problemas de depresión y los suicidios están
experimentando además un notable aumento, por lo que la EDA considera de
crucial importancia que los líderes políticos evalúen el impacto de las
políticas y legislaciones vigentes en aras de desarrollar nuevas
medidas que garanticen la salud y el bienestar psicológico de los
trabajadores. Se trata de una medida que no sólo repercute positivamente
en la población, sino en la productividad y el crecimiento económico de
los países.
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Asimismo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha alertado que el suicidio (en el que la depresión supone uno de los factores de riesgo más importantes) constituye una de las tres causas principales de muerte entre las personas de 15 a 44 años
y dado que se espera que su incidencia se dispare en los próximos años,
la OMS ha señalado que resulta de interés prioritario que los gobiernos
desarrollen estrategias nacionales que contemplen específicamente la
prevención del suicidio. Con esta finalidad, la OMS ha publicado un
informe, titulado Public health action for the prevention of suicide (Medidas de salud pública para la prevención del suicidio),
donde se detallan paso a paso los pilares para la elaboración de
estrategias nacionales de prevención del suicidio, entre los que se
incluyen:
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La identificación de las partes interesadas. La OMS señala la necesidad de que la prevención del suicidio se aborde desde una aproximación multi-sectorial, incluyendo no sólo al sector sanitario, sino también a representantes de otros sectores de la sociedad, como el educativo, el jurídico, el político o el social. A este respecto, los expertos consideran que un buen abordaje de la prevención del suicidio debe dirigirse a los responsables de las políticas sanitarias, al conjunto del personal médico, a los técnicos de emergencias, a los profesionales de la salud mental (psicólogos, psiquiatras…), al profesorado, a las autoridades jurídicas y políticas, a las fuerzas y cuerpos de seguridad, bomberos, etc.
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La realización de un informe de evaluación de la situación. Para una adecuada comprensión del impacto del suicidio, es fundamental que los gobiernos elaboren informes donde se evalúe la incidencia de este problema, así como los factores socio-demográficos asociados a la población en riesgo, los métodos utilizados y los motivos que han impulsado a las personas a cometer el acto suicida.
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La evaluación de los recursos disponibles y de los necesarios, para poder establecer un plan de acción.
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El establecimiento de un compromiso político. De acuerdo a los expertos de la OMS, conseguir el compromiso de los líderes políticos es un paso imprescindible para que las estrategias de prevención del suicidio reciban la financiación adecuada.
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La lucha contra el estigma asociado al suicidio. Los gobiernos deben contemplar la necesidad de establecer acciones eficaces para luchar contra el estigma, ya que se sabe que muchas personas que han realizado algún intento fallido de suicidio presentan serias dificultades para acudir a los servicios de ayuda.
- El aumento de la concienciación pública.
En lo que respecta a la elaboración de estrategias de
prevención del suicidio a escala individual, la OMS subraya la
necesidad de la identificación y el tratamiento de los trastornos
mentales en la población, así como la puesta en marcha de programas de
intervención específicos para personas que han realizado algún intento
suicida o se encuentran en situación de riesgo. Según la OMS, una
adecuada estrategia nacional de prevención del suicidio debe basarse en
la integración de los servicios de salud mental en la Atención Primaria, el
aumento de los recursos de salud mental y la mejora de la formación del
personal de Atención Primaria en la identificación de los colectivos en
situación de riesgo, entre los que se incluyen las personas que
presentan depresión, problemas de abuso de drogas y alcohol, trastorno
bipolar, psicosis, epilepsia, demencia moderada o dolor crónico, así
como los niños y adolescentes con problemas de conducta.
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