Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención Personas en Situación de Dependencia ¿realidad o sueño?

El Congreso de los Diputados aprobó definitivamente la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a Personas en Situación de Dependencia, conocida como ley de Dependencia, el 30 de noviembre de 2006. La norma está definida como cuarto pilar del Estado del Binestar, tras los sistemas de salud, educativo y de pensiones.
Nació con una inversión total de 12.638 millones de euros hasta la culminación de su desarrollo, previsto para 2013. La ley de Dependencia reconoce, además de prestaciones económicas, derechos de ayuda a domicilio, centros de día y de noche, teleasistencia y plazas residenciales, entre otros, a las personas dependientes que les sea otorgada.
El Libro Blanco sobre la dependencia fija en más de 450.000 el número de empleos que puede generar su desarrollo, a los que hay que añadir otros 115.000 empleos de cuidadores
familiares que se incorporan al mercado laboral.
En la previsión del Libro Blanco, la creación neta de empleo calculada es de 262.735 puestos de trabajo, a los que hay que sumar otros 20.000 inducidos en construcción, adaptación y equipamiento de nuevos recursos y 40.000 más de empleos indirectos, como proveedores
de centros de día y de noche, residencias asistenciales y servicios.
Sin embargo, actualmente no sólo no es suficiente la financiación actual para llevar a la práctica la ley, sino que el Gobierno central debería aportar por lo menos cinco veces más. Así concluyó en febrero el Dictamen del Observatorio de Dependencia. El documento denuncia un hecho que ya han constatado las comunidades: la aportación del Estado está muy lejos de alcanzar el 50 por ciento de la financiación de la dependencia que marca la norma y son las regiones las que deben asumir, además de su parte, la cuantía restante para poder costear los servicios que marca la ley.

Y Canarias. El Observatorio de la Dependencia ha calificado con un 2,5 sobre 10 a Canarias en la aplicación de esta ley, una nota que se comparte con la Comunidad Valenciana y Madrid, siendo las tres autonomías con la calificación más baja, según consta en el dictamen que esta entidad ha redactado una vez superado el plazo de excepcionalidad de la Ley, al cumplirse dos años desde su puesta en marcha.

Los criterios recogidos en el cuestionario fueron diez indicadores objetivos relativos a normativa, apoyo ayuntamientos, equilibrio prestaciones/servicios, solicitudes, dictámenes, prestaciones sin especificar, coordinación con las EELL, nuevas leyes autonómicas, integración en los servicios sociales e innovación y buenas prácticas. El estudio del Observatorio de la Dependencia valora el éxito de implantación de la Ley de la Dependencia en Aragón, Andalucía, Castilla y León y el País Vasco ya que, en estas cuatro comunidades, se ha instaurado un modelo en el que las entidades locales tienen un "destacado protagonismo", así como una coordinación "bien definida" ente la propia comunidad autónoma y las entidades locales de su territorio, han precisado las mismas fuentes. El Observatorio de la Ley de Dependencia destaca positivamente el esfuerzo de algunas comunidades autónomas por impulsar la descentralización, la colaboración entre las administraciones local y autonómica, el refuerzo de la red de servicios sociales básicos y las fórmulas de atención personalizada, así como la simplificación de los procedimientos administrativos para mejorar la calidad de la atención de las personas en situación de dependencia.

Los trastornos leves socavan los recursos para los enfermos mentales

A medida que el sitema ha ido tomando conciencia del olvido al que la sociedad ha sometido a los enfermos mentales y mejorando presupuestariamente la dotación de recursos para su cuidado, los trastornos más leves han ido creciendo hasta devorar cualquier mejora, consumiendo horas y horas de consultas psiquiátricas y relegando el tratamiento de las enfermedades mentales más graves a un segundo plano
Problemas que hace unos años eran interiorizados por el ciudadano, como un desengaño amoroso o la pérdida de un ser querido, se han convertido en motivo de consulta especializada. Según los expertos, psiquiatras en su mayoría, el umbral de tolerancia a la frustración ha descendido extraordinariamente. De este modo, el desarrollo de los diversos Planes de Salud Mental,que ha supuesto un notable salto cualitativo en la atención a los enfermos mentales, se ve lastrado por la avalancha de pequeñas depresiones, angustias y duelos que se han ido incorporando a la agenda de los médicos, provocando el efecto que algún facultativo etiqueta como «paciente gorrón, psiquiatra quemado». A lo que hay que añadir que el paciente con un trastorno leve tiene una capacidad de presión ante el sistema mucho mayor que el enfermo mental. Su capacidad de exigencia es mucho mayor al tener claro los derechos que le asisten como usuario del sitema de salud.
Esta situación se podría mitigar si se llevasen a cabo políticas preventivas que promocionen estilos de vida saludables y un incremento de recursos. Con todo ello, la puesta en marcha de Planes de Salud Mental ha supuesto un salto de calidad en la atención a los enfermos mentales crónicos. Pero, como todo en esta vida, se puede mejorar.

El enfermo mental requiere mucho más que atención sanitaria, es muy importante la rehabilitación psicosocial. Esa parte que no es sanitaria ni social, y que muchas veces permanece en el limbo de las competencias porque las administraciones no quieren asumir como propias, por lo que su dotación económica siempre queda a espensas del técnico de turno que barema si es o adecuado hacerlo.